Sunass publicó su cuarto reporte de seguimiento de inversiones, en el que muestra que fondos provenientes de las tarifas tienen baja ejecución.
A diciembre de 2023, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) reportaron una ejecución de inversiones a nivel nacional, en promedio del 25 % de sus fondos provenientes por las tarifas, según muestra el cuarto ‘Reporte de Seguimiento de Inversiones’, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
En el caso de la EPS Sedapar en Arequipa, según su programa de inversiones en agua potable y saneamiento, aprobado en el estudio tarifario para el periodo regulatorio vigente (2021-2026) tiene programado un total de inversiones de S/395.7 millones. Sin embargo, a la fecha solo alcanzó una ejecución acumulada de S/79.2 millones, es decir el 20 % del total de inversiones. Por lo que, al término de su tercer año regulatorio en octubre próximo, debería alcanzar una inversión acumulada de S/256.5 millones.
En tanto, la EPS Grau de Piura reportó una ejecución acumulada del 9.1 % (un retraso de 9.1 % de lo programado) de su plan de inversiones (2022-2026), Sedalib de Trujillo reportó un 4.5 % de ejecución acumulada (43.6 % menos de lo programado) en lo que va de su quinquenio regulatorio (2022-2026), Epsel de Lambayeque el 0.3 % (del 100 % fijado) de su estudio tarifario (2018-2023) y la EPS Tacna el 53 % (también sobre el 100 %) de su plan de inversiones (2019-2023). En el caso de Sedacusco, el nivel de ejecución de sus inversiones, como parte de su estudio tarifario (2020-2024), es del 39.5 % (37.6% menos de lo programado).
Por su parte, entre algunas de las empresas ‘Grandes 2’, Emapa San Martín informó un avance acumulado del 17.6 % (64.5 % menos de lo programado) en su quinquenio regulatorio vigente (2019-2024), Sedacaj de Cajamarca un avance del 27.8 % (42.7 % menos de lo programado) en su quinquenio regulatorio (2020-2024), Emapa Cañete del 34 % (48.7% menos de lo programado) como parte de su estudio tarifario (2019-2024) y Semapach avanzó el 35.8 % (del 100 % aprobado) en la ejecución de inversiones fijadas en su estudio tarifario (2019-2023).
En el grupo de empresas ‘Medianas’, la EPS Barranca reportó un avance acumulado del 25.8 % (59.5 % menos de lo programado) en el nivel de ejecución de inversiones como parte de su estudio tarifario (2019-2024), la EPS Moyobamba del 21.8 % (21.7 % menos de lo programado) respecto al quinquenio regulatorio aprobado (2021-2026), Emapa Huaral el 1.5 % (72.6 % menos de lo programado) respecto a su periodo regulatorio (2020-2024) y Emusap Abancay registró un avance del 32.2 % (49 % menos de lo programado) de su periodo regulatorio (2020-2024).
Mientras que en el grupo de empresas ‘Pequeñas’, la EPS Sierra Central de Junín informó una ejecución acumulada del 55 % (del 100 % aprobado) en sus inversiones determinadas en su quinquenio regulatorio (2028-2023), Emsapa Calca de Cusco no registró avance en su plan (2018-2023), Emapavigs de Ica el 5.6 % (del 100 %) en la ejecución acumulada del plan de inversiones (2019-2023), Emapa Huancavelica el 33.8 % (65.1 % menos de lo programado) en su quinquenio regulatorio (2019-2024), entre otras.
El reporte de la Sunass ofrece una visión consolidada de las inversiones establecidas en los estudios tarifarios de las empresas prestadoras. La evaluación se realizó sobre 40 empresas prestadoras y no entraron en evaluación las que se encuentran en periodo de transición o cuyo inicio del periodo regulatorio fue durante el segundo semestre del 2023. Cabe mencionar que estos reportes fueron enviados a las empresas prestadoras quienes no indicaron corrección alguna a los indicadores.
Cabe indicar que las inversiones programadas en los estudios tarifarios trazan una ruta de mejoras ordenadas y eficientes para un periodo de tres a cinco años, con metas como el incremento de la continuidad del agua potable, renovación e instalación de medidores, construcción de líneas de conducción para llegar a nuevos usuarios, entre otros. El bajo nivel de ejecución de inversiones, respecto a lo programado en sus estudios tarifarios, limita la ampliación y mejora de los servicios de saneamiento.